El diario Público de España publica hoy una muy interesante opinción de Ignacio Muro Benayas, secretario general de la Asociación Información y Conocimiento. La carta abierta dirigida al Presidente del Gobierno español explica en detalle los argumentos de por qué el canon digital no sirve para proteger los derechos de propiedad intelectual y especialmente, cómo el Estado es quien debe hacerse cargo de afrontar los costos por el recambio tecnológico.

Además, en su artículo Muro Benayas insiste en quitar la responsabilidad a la sociedad en su conjunto de sustentar a un sector que debe encontrar nuevas alternativas de negocio.

Citas:
“Es obligación del Gobierno facilitar un cauce de solución a los creadores, representados por las asociaciones de gestión de derechos, y suministrar los recursos públicos, directos o indirectos, que considere adecuados. Pero es imprescindible distinguir entre actuaciones permanentes y transitorias y, entre competencias delegables e indelegables. Y también lo es distinguir entre los diversos medios existentes –canon digital o impuesto cultural– y entre los diversos fines –compensación por lucro cesante y promoción a nuevas formas de negocio– como obligado es delimitar claramente los fondos existentes para cada fin”.

“Las aportaciones públicas, procedentes del conjunto de la sociedad, no pueden ser, permanentemente, la fuente principal de ingresos de un sector. Su objeto es la reconversión, no la permanencia: ninguna industria debe ser “compensada” por la aparición de un avance tecnológico, está obligada a adaptarse a la situación que dicho avance genera. El Estado no puede sustituir a la sociedad ni al mercado”.

“Corresponde al Gobierno de la nación gestionar directamente los programas que impulsen esos nuevos modelos, programas en los que podrá participar cualquier asociación o entidad cultural que cumpla los requisitos que se establezcan, sean o no sociedades de gestión de derechos”.

El artículo completo en la página 14 de éste archivo PDF