Artículo publicado originalmente en Center for International Media Assistance (CIMA)

Por CIMA Staff

El Center for International Media Assistance se ha enfocado durante mucho tiempo en promover la sustentabilidad de los medios independientes en todo el mundo como uno de sus valores fundamentales y áreas de actividad. Un proyecto llamado Velocidad sirve como un claro ejemplo de los esfuerzos de los donantes internacionales para fomentar la sustentabilidad económica de los medios en América Latina. En esta publicación de blog, la directora de Velocidad, Vanina Berghella, periodista especializada en gestión de medios y comunicaciones digitales, describe el proyecto.

Describa el programa Velocidad. ¿Cuál es su misión y metodología?

Velocidad es una aceleradora que impulsa a medios emprendedores de América Latina a crecer, desarrollarse, y mejorar su sustentabilidad económica. El programa brindó apoyo a los medios de comunicación para desarrollar nuevas fuentes de ingresos y ser más independientes y económicamente sostenibles. Con base en una evaluación de su viabilidad, escalabilidad, y potencial de crecimiento, seleccionamos 10 medios para una primera etapa de seis meses de aceleración. Al final volvimos a realizar una evaluación sobre el progreso de cada uno y seleccionamos a seis de ellos para transitar otros 10 meses de aceleración con más apoyo financiero y de consultores. Como resultado de nuestros fondos, así como de al apoyo de consultores estratégicos y tácticos, los 10 medios que participaron en el programa de Velocidad desarrollaron varios tipos nuevos de productos y servicios para generar nuevas fuentes de ingresos.

Hay otros programas financiados por donantes en América Latina diseñados para fomentar la sustentabilidad económica y la capacidad periodística de los medios de comunicación. ¿En qué se diferencia Velocidad de esos otros esfuerzos?

Antes de desarrollar Velocidad, investigamos varios otros aceleradores de medios, tales como el Media Factory (basado en América Latina hace 10 años), Matter (lanzado en Estados Unidos), entre otros. Cuando desarrollamos nuestro propio modelo de aceleración para Velocidad decidimos hacer varias cosas diferentes, empezando con ofrecer consultoría virtual para que los líderes de los medios no tuvieran que viajar a vivir en otra ciudad por tres a seis meses, como fue común en otros programas prepandémicos.

Además de los fondos otorgados para implementar los cambios necesarios para crecer – —esto puede ir desde la contratación de especialistas hasta el uso de nuevas plataformas e invertir en sus redes sociales — nuestra metodología se destaca porque implementa consultorías especialmente diseñadas para cada medio. Contamos con un equipo de cinco consultores estratégicos que se enfocaron en monitorear y apoyar a los medios en la implementación de un plan de acción y un presupuesto durante la aceleración, Estos consultores participaron durante todo el proceso de aceleración. Más de 50 consultores tácticos los capacitaron en áreas y conocimientos específicos. como métricas y gestión. ayudaron en áreas específicas. Esto permitió un intercambio de conocimientos constante, profundo y transversal.

¿Cómo reaccionan los periodistas y directores de medios ante el programa? ¿Es difícil involucrarlos en el programa?

Este proceso inicialmente generó un enorme desafío para ellos y para nosotros, ya que la gran mayoría de los líderes y fundadores de medios emprendedores son periodistas y su principal foco siempre estuvo en lo editorial y en la producción de contenidos. Y, si bien este aspecto sigue siendo el corazón del medio, el resto de las áreas (finanzas, audiencias, desarrollo tecnológico, etc.) estaban postergadas. Durante la aceleración buscamos demostrarles la necesidad de hacer un cambio de cultura interno en este sentido, y que valoren e inviertan tiempo y dinero en estas áreas. Además de las consultorías específicas en cada área productiva, trabajamos de forma focalizada con los líderes de los medios para cumplir este objetivo. En diferentes instancias del proceso hemos recibido un feedback sumamente positivo, destacando las profundas transformaciones que Velocidad generó en ellos y en sus organizaciones.

¿Cómo miden el éxito?

El éxito de Velocidad se midió mediante la creación de una metodología de monitoreo y registro cualitativa y cuantitativa. Entre los aspectos cuantitativos, puedo mencionar que los ingresos generados por todos los medios en total a partir de la inversión de la aceleradora se multiplicaron por seis, representados en USD $ 5,198,180, lo cual demuestra un crecimiento financiero exponencial para cada organización. Para lograr esto, los medios de Velocidad generaron casi 400 nuevas financiaciones durante el programa. Además, los medios incorporaron más de 50 herramientas cotidianas a su trabajo, como software de gestión de relaciones con clientes para gestionar sus membresías o nuevas plataformas de pago para recibir donaciones, y se registraron más de 200 cambios en equipos y procesos.

En términos de medidas cualitativas de éxito, durante el programa, los medios de comunicación realizaron coberturas relevantes que resultaron en más de 10 instancias de impacto social en sus comunidades. También se midió la calidad de los informes para rastrear el impacto que las mejoras durante el programa de Velocidad tuvieron en el trabajo editorial diario de los medios. Confirmamos que el crecimiento que experimentaron los medios reflejó la calidad de sus contenidos.

Danos un ejemplo de un programa exitoso.

Justamente un ejemplo podría ser el de CIPER, un medio de investigación de trayectoria y con un equipo de periodistas muy robusto. CIPER creó un área de sustentabilidad que impulsó su incipiente modelo de membresías y permitió garantizar inicialmente su supervivencia financiera y mantener su trabajo periodístico. Actualmente el modelo representa el 70 por ciento de sus ingresos.

Para alcanzar este logro crearon, junto a los consultores, un plan de trabajo que incluyó estrategias de marketing, implementación de un sistema de gestión de relaciones con clientes y tracking de socios, capacitaciones al equipo en diferentes áreas vinculadas a la fidelización de los usuarios. A la par de este trabajo ejecutaron otras actividades con objetivo en su crecimiento. Como si fuera poco, durante la aceleración CIPER publicó destacadas coberturas periodísticas. Velocidad ha tenido entre sus objetivos iniciales el compartir sus aprendizajes con el ecosistema mediático, así es como publicamos seis casos de estudio en nuestro sitio web con los principales aprendizajes y logros de los medios que completaron todo el proceso de aceleración.

¿Difieren las necesidades de los participantes según el entorno propicio para los medios?

La principal necesidad de todos los medios que participaron en Velocidad era allanar su camino hacia el fortalecimiento financiero y la búsqueda de la sostenibilidad a mediano y largo plazo. Sin embargo, es cierto que cada medio enfrentó desafíos adicionales, diferentes y muy particulares de acuerdo a su contexto político, económico y social. Nuestros participantes están radicados en diferentes contextos, incluyendo a Brasil, Chile, Argentina, Venezuela, y Paraguay. La inflación desmesurada en Venezuela y Argentina, la complejidad en torno a la falta de libertades en Cuba, las conflictividades sociales ocurridas en los últimos años en Chile o Colombia, son algunos ejemplos de ello. Si a eso le sumamos la llegada de la pandemia por el COVID-19, el proceso de aceleración estuvo teñido por estos factores externos. Por ejemplo, en el caso de Posta y Red/Acción, ambas con sede en Argentina, el desafío de la inflación llevó a Velocidad a brindar a los medios cursos y asesorías enfocadas en ayudarlos a crear estrategias financieras de mediano y largo plazo para atender al contexto económico del país.

¿Qué consejo les daría a las organizaciones que quisieran establecer aceleradores en otras regiones?

Es posible replicar la metodología de aceleración de Velocidad en medios de otras regiones. El programa en su primera edición contempló aspectos económicos, sociales, y políticos del país de cada medio, como así también hábitos de las audiencias, y adaptó estrategias para acompañar de mejor forma a cada uno. Sin embargo, en aquellos países y regiones donde las conflictividades sociales o políticas sean predominantes o donde existan limitaciones ostensibles a las libertades, el grado de dificultad en la implementación del programa siempre es mayor y requiere consultorías enfocadas en atender a esos desafíos específicos.

Una recomendación para cualquier aceleradora, sin importar dónde se desarrolle, es que los fondos se complementen con asesorías a la medida que consideren las particularidades de los medios participantes. Identificamos cuatro ejes principales que creemos que son clave para estructurar una aceleración: finanzas, audiencias, producto y tecnología, y gestión.

Las lecciones aprendidas de Velocidad ya se están aplicando en otros proyectos. En 2020 SembraMedia presentó Google News Initiative Startups Lab Hispanoamérica, con foco en medios de América Latina, y Amuna Digital, con foco en medios de Argentina y financiado por Meta Journalism Project. Si bien estas dos propuestas con metodología de aceleración se diferencian a Velocidad por el volumen de inversión, la extensión de los plazos y algunas otras cuestiones relativas a la escala de los medios, también se han podido aprovechar mejoras de los procesos derivados de Velocidad.

 

Entrevista realizada para IFEX la red global de lucha por la libertad de expresión. La entrevista fue publicada el 25 de marzo de 2021.

En este segundo tramo de la entrevista (Ver primera parte de la entrevista aquí), conversamos con Vaca Villarreal acerca del rol del periodismo profesional ante el avance de la desinformación y cuáles son los mecanismos de protección más eficaces ante amenazas físicas y el acoso digital.

Vanina Berghella: En otro momento mencionabas el trabajo del periodismo en relación con el acceso a la información. Ahora quisiera que nos enfocáramos más en algunos aspectos del ejercicio profesional del periodismo. 

En este contexto de pandemia, hablamos de la gran cantidad de información que se difunde por fuera del trabajo de calidad del periodismo. ¿Cuál crees que debe ser el rol en este momento del periodismo frente la circulación de noticias falsas o desinformación? 

Pedro José Vaca Villarreal: Yo siento que al venir de trabajar diez años con periodistas, para mí es más importante que el periodismo sobreviva. Yo creo que hay dos riesgos. Cuando yo hablo de periodismo, hablo de medios grandes y pequeños. El periodismo está en peligro de extinción y es un riesgo real que no siempre se dimensiona por parte de los actores de la sociedad. Sin embargo [el periodismo] también está en riesgo de captura. Está en riesgo de ser capturado por actores públicos, por actores privados, incluso por actores de otras latitudes (esto es algo muy sensible).

Creo que esto conlleva una profunda reflexión. Yo creo que el hecho de que se acabe un medio siempre será una mala noticia. Independientemente del medio de comunicación. Creo que hay que avanzar y ojalá la Relatoría pueda estar sumando a esa conversación: que todo tipo de medio de comunicación encuentre la forma de estar más fuerte, sobre todo por la función democrática que tienen los medios de comunicación dentro de la sociedad. Una sociedad dispersa, que está encapsulada en burbujas de filtro; una sociedad que puede estar aturdida de tanto ruido, necesita del periodismo. Y necesita del periodismo para estar identificado o para tomar distancia. Lo que no puede pasar, lo que nos toca trabajar para que no pase, es que el periodismo desaparezca, o que se transforme a un punto tal en el que no perece [pero tampoco] cumple una función periodística.

VB: Enfocándonos puntualmente en el trabajo de los periodistas, hay un aspecto que es insoslayable, y es que en algunos países se ejerce violencia extrema contra ellos. ¿Cuáles son las medidas de protección que consideras  más adecuadas y que se pueden implementar para acompañarlo/as? 

PJVV: Yo creo que hemos hablado muchos años de protección y creo que estándares de protección hay. También creo que cuando no se proporciona protección no es porque no se sepa qué hacer, es porque no se quiere o no se hace de manera oportuna; o porque hay muchas trabas para que eso que toca hacer, que es proteger a los periodistas, se materialice.

Yo creo que a la Relatoría le toca, de cierta manera, dejar de recitar para empezar a ayudar a la implementación. Y esto lo digo de manera muy enfática porque creo que el estándar por sí mismo no salva vidas. El estándar de protección que hemos redactado no salva vidas. Lo que puede salvar vidas es la implementación de ese estándar.

Creo que el momento es propicio en la medida en la que a nivel global hay una discusión, a nivel safety plan de las Naciones Unidas para la protección de periodistas contra la impunidad. Hay obligaciones acentuadas, compromisos de varios países en avanzar en estas agendas; y ahí el asunto es implementar los estándares existentes.

Pero sí hay una violencia que me parece que está creciendo y que me parece que es intolerable en cualquier sociedad democrática. Y ya no me refiero a la violencia de los grupos armados organizados; o de las bandas o de las mafias, que ésa hay que enfrentarla con los organismos de seguridad de los Estados y protegiendo a los periodistas. Hay una violencia un poco más simbólica, que es el discurso estigmatizante por parte de liderazgos públicos. Hay líderes políticos, líderes públicos en todos los países de la región que no se sonrojan en absoluto cuando hacen discursos denigrantes contra la prensa. En muchos casos no es que ni siquiera estén amenazando al periodista…

VB: Desacreditarlo, eso alienta a toda su comunidad a hacer lo mismo.

PJVV: Es casi fabricar una atmósfera adversa a la libertad de expresión de los periodistas.

VB: Una autocensura.

PJVV: Desde una posición de responsabilidad.

VB: Y esto también genera mucha autocensura por parte de los periodistas.

PJVV: Y las consecuencias son tremendas. La primera es que los seguidores de ese líder político se van a ver alentados, casi que van a sentir que tienen el permiso de agredir a los periodistas. Pero también los periodistas van a tener o tienen la reflexión en la cual plantean que “si la consecuencia de criticar a este líder político es esta, a lo mejor no vuelvo a hablar de esta persona”. Y ahí pasa lo que tú planteas: la autocensura.

La autocensura es el fracaso último [de los periodistas] y la mayor victoria de quienes quieren censurar, porque ya ni siquiera tienen que hacer nada, ya se generaron las condiciones para que la decisión sea tomada por quien se quiere expresar libremente, pero no siente confianza para hacerlo.

Eso se ve exacerbado por las redes sociales. Al final, las redes sociales tienen unas métricas hasta cierto punto no explicadas, pero que para las personas son importantes. Entonces, cuando un periodista hace una nota y tiene muy buena receptividad, es un gran día para ese periodista, se va a dormir satisfecho. Pero cuando esas mismas métricas son en contra o se utilizan para ejercer violencia contra mujeres periodistas; cuando se utilizan para atacar, amenazar, intimidar; pues ese día a lo mejor no duerme y a lo mejor al día siguiente empieza con la reflexión de si quiere seguir haciendo periodismo, o si lo sigue haciendo con respecto a determinados temas. Es un asunto muy muy sensible.

La justicia y la protección en el ámbito digital

VB: Hablábamos de las medidas que se pueden tomar cuando una persona quiere hacer una denuncia porque se siente absolutamente acosada, intimidada, incluso algunas veces amenazada a través de las plataformas digitales, pues suele ocurrir que la legislación tradicional no acompaña esos procesos, o no lo hace de manera rápida. Ahí hay un vacío, no solo en el caso de los periodistas, sino también de los activistas de libertad de expresión, que parecen no encontrar un acompañamiento.

PJVV:  No estoy seguro que haya un vacío. Es un tema más asociado a los tiempos. De acuerdo con mi experiencia, la gran mayoría de las veces, a la arquitectura institucional, como por ejemplo el sistema judicial, si se le presentan ese tipo de casos, lo más seguro es que no se entiendan todos los factores que están involucrados. Ahí la cuestión, o el desafío, no es tanto frente al mecanismo, sino qué tan preparado está el mecanismo judicial para analizar una situación que es mucho más compleja que analizar una ley.

Cualquier sistema judicial necesita de unas reglas y un debido proceso que son casi antinaturales si uno los contrasta con las dinámicas digitales. Ahí hay también un factor de ansiedad. Hay ansiedad por participar y hay ansiedad por tener relevancia en el espacio público; pero también hay ansiedad por que si pasara algo adverso, se resuelva muy pronto. Aquí hay un componente de la estabilidad emocional de los usuarios, de las redes sociales, del impacto tanto positivo como negativo a niveles exagerados.

Y volvemos al punto de la alfabetización digital. No solo es estar conectado sino tener las habilidades, trabajar para que se desarrollen las habilidades, para que ese tipo de cosas puedan ser asumidas sin que se sacuda tan fácilmente la ansiedad, la frustración, la indignación; que es como una palabra clave en redes sociales, un fósforo.

VB: Me atrevería también a agregar que la alfabetización digital también es importante fomentarla más en los ámbitos judiciales. Creo que ahí también hay una brecha que debe romperse, pues tienen este desafío de trabajar con dimensiones para las que quizás hasta ahora la ley o la legislación no estaba preparada. 

En este sentido también te pregunto respecto de estas otras metodologías de persecución contra los periodistas que tienen que ver con persecución judicial u hostigamiento de este tipo. Se está notando este elemento como uno de los métodos para callar las voces de los periodistas en la región. 

PJVV: Sí, sí. No de ahora sino de hace bastante tiempo. La Relatoría, durante la primera década de los años 2000 estuvo muy concretada en estos temas. Hubo casos en la Corte Interamericana. Creo que hay estándares suficientes para aplicarlos en el marco de esta persecución judicial, en algunos casos, al ejercicio de la libertad de expresión.

Pero yo creo que parte de los síntomas de una enfermedad de censura que toca empezar a evaluar y a monitorear desde la Oficina es que hay muchos estándares que están ahí pero que son despreciados deliberadamente. O que aún se invocan en el marco de esos procesos, pero se desconocen sin que haya un mejor argumento.

Yo creo que la libertad de expresión y los propios estándares tienen que estar también sometidos al debate público, pero parecería que transitamos tiempos en los cuales nos perturba mucho que los demás se expresen. O hay sectores a los cuales les perturba mucho que otro pueda atreverse a decir algo que él nunca diría.

Tal vez lo que nos proporciona internet por primera vez en la historia de la humanidad, es que la libertad de expresión sea un derecho más universal que antes. Me resulta de cierta manera paradójico que los tratados internacionales de derechos humanos tengan tantos años, pero que en el momento en que empieza a universalizarse la expresión resulta aturdidor para personas que ya se expresaban. Es un derecho que nos toca coejercer y es un derecho con el que tenemos que coexistir.

Hay que coexistir con la libertad de expresión de los demás, y creo que el acoso judicial a lo que responde en últimas es a la incapacidad de dar el debate público. Yo creo que judicializar el debate público es una está en los mecanismos para que se haga, pero creo que es perder la oportunidad de dar el debate público.

VB: Mencionabas recién el concepto de “libertad de expresión” y das pie a una de las dos últimas preguntas. Es un concepto que en los últimos años, especialmente en el espacio digital, es tomado y aprovechado por los grupos de odio como bandera para “diga lo que diga, esto es libertad de expresión y también tengo el derecho”. El propio concepto está, de alguna manera, vapuleado porque lo toma obviamente toda la sociedad, inclusive los grupos violentos. 

¿Creés que existen límites que hay que plantear cuando este derecho es ejercido por un grupo violento? ¿Cómo contrasta con la posible regulación o con el derecho supremo de la libertad de expresión?

PJVV: Decir que se tiene legitimidad para discriminar es tan absurdo como decir que se tiene legitimidad para censurar. De la misma forma que la Relatoría de la libertad de expresión no puede estar de acuerdo con la censura porque sería algo contrario a su mandato, tampoco puede estar de acuerdo con la vulneración de cualquier otro derecho, [ni con que se use] la bandera de la libertad de expresión [para] en realidad tramitar o legalizar una discriminación.

La Oficina que yo en este momento lidero hace parte de un organismo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y tiene que velar y promover un decálogo de derechos humanos donde el derecho a la igualdad existe y donde la discriminación no cabe. Estos derechos tienen que armonizarse. No es poner un derecho por encima del otro para justificar la vulneración de ese otro derecho. Ahí sin duda hay debates interesantes, debates muy intensos.

No quiero con esto que estoy diciendo plantear que está todo muy claro. Es una afirmación [para aclarar] que no será ésta la Relatoría sobre la cual se base la justificación para una acción discriminatoria. Esta pretende ser una Relatoría que avance en la amortización de derechos, porque además, la libertad de expresión es un derecho que es instrumental a la garantía de otros derechos.

Hoy en día, y tú lo mencionas al principio, hay protestas en varios países de la región, algunas de ellas asociadas a causas contra la discriminación. Es muy importante garantizar la libertad de expresión en ese tipo de escenarios y la libertad de expresión es en sí misma un motor para luchar contra la discriminación.

VB: Cada 2 de noviembre se conmemora el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad, ¿cómo se puede romper con este esquema de crímenes no resueltos? 

PJVV: Yo creo que hoy hay muchas más herramientas, muchos más actores que hace 30 años. Y lo digo con propiedad porque la fundación en la que yo trabajaba hacíamos seguimiento a casos de las últimas tres décadas. Podemos advertir cómo la impunidad es la regla y la justicia la excepción. Creo que eso es importante. La Relatoría en estos temas trabaja muy en alianza con la UNESCO, el organismo de las Naciones Unidas que lidera la agenda global del 2 de noviembre.

Hay avanzadas muchas acciones con respecto, por ejemplo, del apoyo a poderes judiciales en materia de formación para que cuenten con mayores herramientas para sortear casos de lucha contra la impunidad. El desarrollo  de investigaciones, estándares, discusiones alrededor de este tema que permiten avanzar en la búsqueda de justicia. El escuchar muy atentamente lo que hace la sociedad civil, el trabajo que hace la prensa.

Uno puede hablar de la impunidad judicial, y en este escenario resulta también esperanzador que el periodismo sea un sector que no olvida a su gente. El periodismo tiene muy presente el derecho a la memoria. Hay un trabajo de muchísimos años de impunidad de la Sociedad Interamericana de Prensa y muchas otras iniciativas para que esas historias permanezcan, para que se siga reclamando justicia. En ese sentido, la Relatoría es un actor que está llamado a esa conversación, a apoyar a los Estados y a también a visibilizar que la impunidad sigue siendo un fenómeno vigente.

VB: Muchísimas gracias, Pedro, por esta entrevista; por este encuentro para IFEX con las respuestas a muchísimas preguntas que tienen que ver con la agenda que vas a tener a partir de ahora con tu nuevo cargo.

PJVV:  Vanina, muchas gracias. De verdad que para mí es reencontrarme con buena parte de lo que he trabajado en la red IFEX. Desde la Relatoría quedamos muy disponibles también para seguir avanzando en esa agenda de libertad de expresión.

VB: Muchísimas gracias.  

 

Entrevista realizada para IFEX la red global de lucha por la libertad de expresión. La primera parte fue publicada el 25 de marzo de 2021.

El curriculum de Pedro Vaca Villarreal, el nuevo Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es extenso y de vasta calidad. Vaca es reconocido en Colombia por su trabajo como abogado en la defensa de la libertad de expresión, y cuenta con una Especialización en Derecho Constitucional y una Maestría en Derecho también por la Universidad Nacional de Colombia. Fue abogado litigante en juicios por violaciones contra la libertad de prensa y fue capacitador de jueces en la lucha contra la impunidad.

Durante la última década, además, Vaca lideró la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) de Colombia. Desde este espacio trabajó en red con otras organizaciones globales: en el International Freedom of Expression Exchange (IFEX) como integrante del Consejo Directivo Global y como relator de la ONG Freedom House en el capítulo freedom of the press.

En la entrevista de 45 minutos, grabada en video pocas semanas después de que Vaca fuera designado para el cargo, la periodista Vanina Berghella le pregunta sobre una amplia gama de temas y prioridades para la región: desde el impacto de la COVID-19 en los medios de comunicación y la brecha digital, hasta el componente de género que tienen los ataques a la libertad de expresión, así como la seguridad de los periodistas y las responsabilidades de las plataformas digitales ante la propagación cada vez mayor del discurso de odio y la desinformación.

Vanina Berghella: Conversemos sobre los desafíos que tienes por delante a partir de tu nuevo rol. La primera pregunta es personal y profesional a la vez: ¿qué te llevó a postularte a este rol? 

Pedro José Vaca Villarreal: Prácticamente toda mi vida profesional se la he dedicado a la libertad de prensa [por vivir en] un país que mezcla todos los factores de censura juntos y a distintas escalas. Esto se convierte en un apostolado. Como usuario del Sistema Interamericano, me di cuenta de primera mano de que lo que se hacía desde esa oficina y desde la Relatoría para la Libertad de Expresión puede tener un impacto tremendo en la vida de personas y periodistas. He usado durante muchísimos años estándares del Sistema Interamericano para aplicarlos y promover su aplicación en Colombia particularmente, y también en otros países de la región a través de distintas redes.

Eso fue también una especie de llamamiento en este momento. Después de casi diez años ininterrumpidos de servicio a la libertad de expresión en Colombia, de haber tenido el privilegio generoso de liderar la Fundación para la Libertad de Prensa, estoy convencido de que a pesar de las dificultades se logró contribuir de manera decidida y avanzar en ciertos sentidos en la agenda; o por lo menos, tener instituciones fuertes para atender los desafíos de aquí en adelante.

Yo creo que es una Oficina clave. Es una Oficina que si es proactiva, que si trata de leer los temas, si facilita conversaciones y si está disponible para las personas que sufren censura en el continente, puede tener una proyección transformadora.

Lo que hagamos en los próximos tres años, algo que coincide con el mandato, va a tener un impacto tremendo en las generaciones futuras en términos de libertad de expresión.

En el proceso de selección vimos grandes candidatos y candidatas. Yo estaba tranquilo por eso. No iba a llegar una persona pasiva. Ahora tengo este mandato y la confianza de los comisionados y las comisionadas. Con el ánimo, con toda la responsabilidad y sobre todo, con el compromiso. El venir de donde vengo me hace refrendar doblemente el compromiso con la libertad de expresión.

VB: Mencionas a la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) de Colombia, que fue parte de tu carrera profesional, además de los cargos directivos que has tenido en IFEX. ¿Creés que estos roles previos te han preparado para este nuevo trabajo en la Relatoría?

PJVV: Sin duda. Yo arrancaría por la primera organización, que fue con un mandato local, pero que de cierta manera es sui géneris, porque a la par que es independiente y denuncia agresiones; y puede de cierta manera confrontar a las autoridades cuando la situación lo amerita, también tiene una actitud colaborativa en muchos sentidos. Creo que eso es una bisagra que tiene que tener el cargo en la Relatoría, que es no solo estar disponible para combatir los crímenes contra la prensa, sino también contribuir a que los Estados mejoren, porque es un ejercicio que tienen que garantizar los Estados. Es un rol para el que me siento con experiencia.

El segundo rol que tiene más que ver con la red de libertad de expresión en la región y a nivel global (IFEX), que es algo que no se conoce mucho a menos de que uno sea parte, y es que es una comunidad muy fraterna. Es una comunidad en la que los distintos encuentros, las distintas discusiones, le dan a uno un sentido de región para tener también una perspectiva más amplia. Es muy fácil perderse o encerrarse en las realidad nacionales. Redes como IFEX facilitan tener una mirada más amplia, incluso advertir patrones comunes, problemas que se vienen o iniciativas que funcionaron en algunos países y que pueden ser emuladas. Yo creo que eso genera una comunidad tremendamente fraterna y tremendamente comprometida con la libertad de expresión en el continente. Si en el continente no hay más censura de la que hay ahora, estoy muy seguro de que es porque esa comunidad existe.

Prioridades de la agenda de la relatoría

VB: Hablando de esa mirada regional, más amplia, nuestra región presenta enormes desafíos y particularidades. Aspectos que van desde la violencia extrema contra periodistas y activistas de la libertad de expresión, hasta persecución legal o judicial intentando solapar el acoso. Hay aspectos del mundo digital que tenemos que atender. ¿Cuáles son las prioridades de tu agenda en ese sentido?

PJVV: Llego a un lugar por el cual ha pasado gente fantástica. Eso es bueno porque el relator saliente y los anteriores han hecho un progresivo fortalecimiento de la Oficina. Hay estándares para muchos de los temas que has mencionado: violencia contra periodistas, acoso judicial, pauta oficial, derechos digitales.

Ahora bien, en los temas de violencia e impunidad, que son las partes centrales de la agenda, hay que decir francamente que se ha avanzado poco para revertir tendencias. Esto es algo que también los anteriores relatores han planteado como una gran frustración. Tenemos y podemos recitar muchos estándares de libertad de expresión con relación a la prohibición de violencia, pero no podemos contar muchos ejemplos de países y Estados que hayan superado fenómenos de violencia extrema. Sin dudas, es un elemento central del mandato.

También hay estándares por desarrollar en dos ángulos, pues sus temas se cruzan. El primero tiene que ver con la exclusión. Somos una región profundamente excluyente: con la población afro, la población LGBTQI+, con las mujeres. Hay una serie de patrones culturales de discriminación que también se cruzan con la libertad de expresión. En la medida en que hay discriminación, las voces discriminadas o los sectores sociales excluidos tienen más obstáculos para plantear sus opiniones, sus puntos de vista en el debate público. Creo que esto, además, el continente lo está gritándo en las calles.

VB: Vamos a ir puntualizando en algunos aspectos. Es interesante explorar algunas cuestiones específicas. Hablas de grupos vulnerables, como la comunidad LGBTIQ+ y la comunidad afro, que ahora en Estados Unidos está visibilizando mayormente su problemática, por cierto. 

Sin embargo, en cuanto a las comunidades indígenas y rurales, en Centroamérica y en los países andinos en los que está tan solapada su voz ¿qué estrategias crees que se pueden implementar más allá de lo que ya se ha hecho?

PJVV: Yo creo que hay tres líneas de trabajo en paralelo. Ojalá que la Oficina tenga capacidad para implementar estas ideas y podamos hacerlo.

La primera: hay que asegurar, en la medida de lo posible, que los Estados reconozcan fenómenos de discriminación. Hay sectores y liderazgos públicos que niegan algunas de estas discriminaciones. No solo se trata de reconocer el estándar y que los Estados lo firmen, sino que las autoridades reconozcan que dentro de sus Estados hay fenómenos de discriminación. Y creo que puede ser simple voluntad política, pero hay países en los cuales puede ser especialmente sensible.

VB: En algunos casos, por una mirada cultural y social, se naturalizan algunos de esos aspectos, como la violencia contra las mujeres, o se naturaliza el acoso y el hostigamiento en redes sociales.  

PJVV: O abordándolo como algo tan complejo que paraliza. Los Estados están llamados a reconocer que tienen fenómenos de discriminación, exclusión de distintos grupos poblaciones que tú has descrito muy bien.

Lo segundo: hay una suerte de statu quo y hay actores ya establecidos, voces que ya suenan. El ejemplo más claro pueden ser los medios de comunicación tradicionales, que ya tienen voz. En estos espacios hay que promover una suerte de sensibilización frente a esas discriminaciones. Es importante que en las salas de redacción se conozcan los estándares con respecto a pueblos indígenas, que no se implementen prácticas autorregulatorias y no sean esas voces potentes las que acentúen la discriminación contra personas afro, por ejemplo. Con esto lo que quiero decir es que ya hay unas voces que no son excluidas y que pueden ser parte de la lucha contra la discriminación y la exclusión.

El tercer punto es la agencia propia. Por ejemplo, en el caso de violencia sexual contra periodistas, algo que bien puede cubrir una sala de redacción conformada solo por hombres. Y es probable que puedan hacer un muy buen reportaje. Pero creo que hay un punto de sensibilidad y de identidad que es muy fácil que se les escape. En las redacciones es importante que las voces excluidas tengan agenda propia. No solo depende de que haya un reconocimiento estatal, de que haya actores que ya tengan una voz en el espacio público, sino que esas voces discriminadas cuenten con agencia propia, que se pueda promover su presencia en el espacio público.

No creo que vaya a pasar en los próximos tres años, que es el marco de mi mandato, pero ojalá con la Oficina podamos contribuir en algo; a que tengamos más medios LGBTQI+, que tengamos más medios y directivos afro, a que las mujeres tengan mayor poder.

VB: Desde el rol de la Relatoría, ¿te imaginas un trabajo articulando estos actores? A veces existe un trabajo independiente por parte de los medios, de la sociedad civil, de activistas o del Estado. Pero lo que falta es articular, que haya un diálogo. 

PJVV: La Relatoría tiene que hablar con todos los actores alrededor del tema. Es muy importante que se den las condiciones para que la reflexión exista en estos sectores. Podemos hablar de todos los estándares y problemas de la libertad de expresión online, leer todos los términos en referencia a las redes sociales y recitar aspectos que pueden resultar controversiales. Podemos convocar a todos los parlamentarios, al poder judicial y ejecutivo para que evalúen cómo será la aproximación a estos temas; y pueden participar todas las ONGs, pero si no están las plataformas, esa conversación está incompleta.

Ecosistema digital, derechos y regulaciones

VB: ¿Cuál es la responsabilidad de las plataformas digitales o su parte en esta conversación? No sólo respecto al acoso, sino a lo que pasa a nivel de la regulación. Hoy pareciera que el espacio digital es un coliseo romano donde estamos todos e interactuamos, pero empieza a notarse esta lucha o puja entre regulación o reclamo de regulación. Por otro lado, esto choca con el derecho de libertad de expresión. ¿Cómo se puede tener esa conversación de un modo un poco más articulado? 

PJVV: Yo pondría una base y tres elementos de líneas rojas, casi un triángulo. La base es que con lo que tenemos actualmente no basta para enfrentar los desafíos de libertad de expresión online. Ahí hay que hacer cosas. La pregunta es: ¿qué hacer? ¿Hasta dónde ir? Nada de lo que se haga debe caer en excesos regulatorios.

Lo segundo es que nada de lo que se haga puede ser intuitivo. La intuición no es un buen consejero, quien sea que tenga una buena idea para resolver este problema, es muy probable que esté equivocado.

Y lo tercero es no tener una fe ciega en la autoregulación. Ni la intuición, ni los excesos regulatorios ni la fe ciega en la autoregulación de los usuarios; reconociendo que lo que tenemos actualmente es insuficiente para enfrentar los desafíos de libertad de expresión online.

VB: ¿Y qué rol juega el ámbito educativo? Muchos somos de una generación que se incorpora al terreno digital. Debemos pensar en lo que podemos hacer con las generaciones digitales nativas y aquellas que vienen. ¿Se puede trabajar desde el ámbito educativo también? 

PJVV: Hace un año había una discusión sobre alfabetización digital y parecía que las iniciativas que se estaban gestando alrededor de la alfabetización digital requerían de espacios presenciales, requerían de juntar personas. Todos los proyectos que a alcancé a ver de alfabetización digital en varios lugares convocaban personas. La paradoja es que hoy en día no hay educación que no esté pasando por un entorno digital. La pandemia forzó a que todo lo que tuviera que ver con educación -si la hay, porque los que no están conectados no reciben educación- pase a través de plataformas digitales.

Yo coincido plenamente en que hay que avanzar en desarrollar habilidades para el consumo de contenidos en línea. Es un tema muy delicado pero a la vez un tema muy importante. No se puede esquivar en este momento de la región. Están sucediendo varias cosas en simultáneo. Los medios de comunicación, a quienes de manera teórica les hemos encomendado que proporcionen información de interés público, veraz, contrastada, así como información relevante; cada vez tienen menos capacidad. Eso implica que cada vez tienen menos posibilidad de brindar contenidos con esos estándares de calidad. Esto pasa al mismo tiempo que la ciudadanía y la gente que está conectada consume como nunca contenidos online. Contenidos democráticamente relevantes. Esto también se junta con la crisis económica de los medios de comunicación.

Como cada vez es más difícil producir contenido valioso, democráticamente relevante, o por lo menos que cumpla estándares periodísticos, se está consumiendo otra cosa. O bien se están consumiendo mayoritariamente otro tipo de contenidos que no tienen esos estándares, que no está mal tampoco consumir. Pero puede que empecemos a tener sociedades distraídas. Sociedades encapsuladas, sociedades en las que más allá de la puerta de la casa de cualquier hogar, pueden estar sucediendo cosas que ni siquiera se advierten porque no se  están contando. Hay un colega aquí en Colombia que tiene una frase que me encanta y que es: “el mejor periodismo está pasando ahora”. Incluso, puede que se esté produciendo información relevante, pero que no esté teniendo acogida o no pueda ser consumida a causa de tanto ruido.

VB: Mencionabas varios aspectos que me interesa profundizar porque estamos atravesados por una pandemia, algo que nunca hubiésemos imaginado que nos iba a suceder. A nivel global es una problemática que todos estamos viviendo al mismo tiempo. En este sentido, la ciudadanía se vio forzada a digitalizarse y esto dejó a la vista, justamente, las diferencias y las brechas. ¿Cómo hacemos para disminuir esas brechas? Porque esto tiene un impacto impresionante en la posibilidad de expresarse.   

PJVV: Yo creo que todos los países de la región tienen dos características. La primera son las distancias, y no solo en conectividad, entre las zonas urbanas y lo rurales. [Las diferencias] son dramáticas en cuanto a servicios públicos, en provisión de derecho a la salud, de educación, calidad, infraestructura. Creo que salvo algunos grandes países y potencias económicas, la gran mayoría de los países tiene un retraso tremendo en proveer y en dar acceso a los distintos servicios, entre ellos la conectividad. Y también creo que todos los países tenían un plan. Un plan a 20/30, a 20/25, en el cual progresivamente tenían el propósito de la conectividad. Yo creo que esos planes se tienen que acelerar. Eso es algo que en el curso de mi mandato como relator se debe poder advertir. Es decir, si hoy cualquiera de los países de la región dice “yo tengo una brecha digital de tanto %”, eso es algo que se debe disminuir considerablemente en los próximos tres años, más allá de la existencia planes a mediano o largo plazo. ¿Por qué? Justamente por lo que planteas. Hoy buena parte de la ciudadanía y del ser ciudadano, [en particular] cuando uno tiene a mucha gente confinada o con restricciones a una movilidad amplia, pasa por la conectividad. Y me atrevería a decir que si hay brecha digital deliberada, hay una suerte de negación de derechos civiles hoy en día.

VB: La falta de inversión de manera proactiva, planificada y constante ya está siendo una cercenación de la libertad. Hoy lo mencionábamos también, pero me gustaría profundizar respecto al tema de que cada vez más personas están en el espacio digital y se está notando un incremento del monitoreo o el ciberpatrullaje en las redes sociales por parte de los Estados.

De alguna manera, teniendo en cuenta que tenemos más restricciones para estar en las calles y que el espacio digital se ha vuelto el espacio en el que nos manifestamos mayormente, el monitoreo se está profundizando en este momento. ¿Creés que los estándares de protección que tenemos en este momento están preparados para este desafío? ¿Creés que hay que ajustar ahí algunas clavijas? 

PJVV: Yo creo que en los entornos digitales y en los entornos análogos hay determinados factores que tienen una suerte de desigualdad de poder y de información con respecto a otros. Y esto se acentúa en el ecosistema digital. La capacidad o la información de la cual dispone una empresa que conecta internet es completamente distinta al volumen de información que tiene el que está conectado a internet. Ahí hay una escala, y podemos poner tantas capas como hay actores.

Además, hay una especie de golosina en el entorno digital actual y son los datos de los usuarios. Es una suerte de santo grial permanente que está en todos lados y que se produce todo el tiempo. La gran mayoría de las veces se entrega sin tener conocimiento de lo que esto implica. Creo que allí es donde está esa intersección entre balancear ese poder, que no quiere decir que se deje de tener. Creo que es difícil que se deje de tener. Pero creo que es un poder que tiene que ser más escrutable, un poder que rinda más, que rinda cuentas. Tiene que ser un poder que, además, sea transparente para que los usuarios, los distintos ciudadanos que aportan a esa economía de datos, por lo menos sepan que lo están haciendo.

El control sobre los datos tiene impactos económicos, impactos políticos, porque quien maneja más información, más datos y mayores volúmenes, maneja la palabra clave, y es escala. Es muy riesgoso que se utilice ese poder para alterar la libertad de un elector o con fines de engaño para favorecer a una corporación.

Creo que hay conversaciones muy interesantes en los entornos digitales sobre estos temas, pero siguen siendo parte de capas de la sociedad que manejan un nivel de información sofisticada y finalmente, estos debates son ajenos a los ciudadanos que, con un dispositivo celular, alimentan con sus datos al ecosistema.
Creo que en el marco de los próximos tres años, que es el mandato que me fue conferido, yo me daría por bien servido, con que se pueda aumentar la conciencia de que esto está sucediendo con los datos de las personas.

VB: A partir de tu respuesta, se puede mencionar el derecho de acceso a la información. Nuestra región viene trabajando el tema desde hace muchos años, especialmente con sus legislaciones. Es un elemento de importancia para la ciudadanía, no solamente el periodismo profesional, a fin de que se utilice este tipo de herramientas y se avance en la búsqueda de información. Esto no solamente para conocer cómo el Estado es administrado, sino también para conocer cómo se administran sus propios datos, los que están dejando en el ecosistema digital.      

PJVV: Si hay un momento para hablar de acceso a la información, es éste. Es imprescindible que se tengan marcos legales para acceder a la información pública. Pero esos marcos legales por sí solos son insuficientes. Hoy tenemos en varios países de la región estados de emergencia o estados excepcionales, vigentes o decretados, que naturalmente le dan facultades extraordinarias a los poderes ejecutivos para hacer compras y tomar decisiones de una forma más ágil. Todo esto muy justificado en el marco de la pandemia, pero si eso no va acompañado de la transparencia; si eso no va acompañado del acceso a la información; si eso no va acompañado de poner esas acciones urgentes de cara al público; creo que hay unos riesgos enormes de corrupción.

Los periodistas necesitan acceder a la información pública para poder informar de manera adecuada cumpliendo estándares de calidad periodística. Pero siento que sigue estando vigente una suerte de cultura del secreto. Hay que seguir trabajando en esa cultura del secreto. Hay que derrotarla porque hoy en día la capacidad de archivar información, de sistematizar información, es mucho más alta.

VB: Sí, cada vez mayor, la tecnología ha mejorado esos procesos. 

PJVV: La transparencia es fácil si se quiere hacer. Nunca antes había estado tan puesta a prueba la transparencia como un acto de voluntad política. Porque con muy pocos recursos, se puede tener un portal de transparencia que en tiempo real transmita algunos aspectos claves. Y esto tiene que ver con el ejercicio de derechos. No es solo hablar de conectividad para que la gente esté enchufada, sino de la calidad de la información que se proporciona para que la gente pueda acceder a una ruta de atención para alguien contagiado de coronavirus [por ejemplo].

(Ver segunda parte de la entrevista aquí)

 

Este texto que escribí es parte de una serie de artículos que IFEX la red global de lucha por la libertad de expresión publicó con motivo de celebrarse el Día del Acceso a la Información Pública. Fue originalmente publicado en su sitio web el 26 de septiembre de 2019. 

A esta altura es sabido que la creación y distribución de noticias falsas que produce desinformación no es algo nuevo. No es exclusiva de la era digital la creación de propaganda mediante producción de información fraudulenta en favor de un gobierno o movimiento político. Sin embargo es claro que Internet y la conectividad entre millones de personas de todo el mundo, a través de diferentes canales y plataformas, permiten una amplificación de estos contenidos en un tiempo y una forma sin precedentes. Como señalan las investigadoras Julie Posetti y Alice Matthews en su documento “Una breve guía de la historia de las ‘noticias falsas’ y la desinformación”; “la desinformación y propaganda han sido características de la comunicación humana desde al menos los tiempos romanos, cuando Marco Antonio conoció a Cleopatra” y describen una serie de falsedades de repercusión mundial, que a lo largo de la historia fueron creadas exclusivamente para generar desinformación en las poblaciones.

La diferencia hoy es que el fácil acceso a plataformas digitales de distribución, con grandes audiencias ávidas de nuevos contenidos; sumada a la sofisticación constante de ciertos métodos de creación de información y a la falta de educación digital; complejizan el proceso, no sólo de detección sino de neutralización.

Según datos aportados por el estudio, “La difusión de las noticias online verdaderas y falsas” del MIT Initiative on the Digital Economy, en Twitter las noticias falsas sobre política se comparten más, alcanzan a más de 20.000 personas. Casi tres veces más rápido de lo que tarda el resto de noticias falsas en llegar a 10.000 individuos. Las noticias ciertas tardan seis veces más tiempo en alcanzar a 1.500 personas. Mientras que las historias de noticias falsas tienen un 70% más de probabilidades de ser retuiteadas que las historias reales.

Y un dato por demás desalentador es que los responsables de esta diseminación son personas y no bots.

En los últimos años, resultaron de gran impacto público los sucesos políticos donde las noticias fraudulentas propagadas profusamente a través de redes sociales y plataformas digitales fueron protagonistas. Los resultados del Brexit en el Reino Unido, las elecciones presidenciales de los Estados Unidos que dieron como ganador al actual presidente Donald Trump -y el posterior escándalo Cambridge Analytica-, el resultado negativo del plebiscito por el acuerdo de Paz de Colombia y las recientes elecciones en Brasil con el triunfo de Jair Bolsonaro, son sólo algunos de los procesos políticos que han dejado preocupación respecto de la influencia de las noticias falsas en la sociedad y su desarrollo democrático.

Lo cierto es que estas acciones -algunas planificadas por grupos expertos en provocar desinformación y otras generadas de forma espontánea a partir del compartido indiscriminado de contenido de dudosa reputación-  han tomado por sorpresa a toda la sociedad, incluyendo a los Gobiernos, los medios y periodistas, investigadores y académicos, pero dejan al descubierto enormes contradicciones acerca de su real impacto.

Según un informe publicado en 2018 por la Comisión Europea se advierte que estos sucesos de desinfomación han tenido impacto en transformaciones sociales y políticas a nivel mundial. Sin embargo, un grupo de reconocidas organizaciones civiles latinoamericanas expertas en derechos digitales, entre las cuales se encuentran Asociación por los Derechos Civiles (Argentina), Fundación Karisma (Colombia) y Red en Defensa de los Derechos Digitales (México), todas miembros de IFEX, señala en su estudio reciente, Desinformación en Internet en contextos electorales de América Latina y el Caribe, que pese a la gran cantidad de casos, aún “no hay evidencia concluyente de que las campañas de desinformación influyen en los resultados de elecciones”. Lo cierto es que en países de gran polarización política, pareciera que los ciudadanos, ya tienen posturas tomadas y las noticias falsas solo acentúan y apoyan estas posiciones.

Así la ciudadanía, expuesta a un profundo océano de contenidos, intenta informarse resultando muy difícil dilucidar qué noticia es de calidad, su origen, naturaleza y cuál es veracidad de esas informaciones.

Es posible que los hechos anteriores ocurridos en otras regiones hayan permitido que los países, cuyos procesos políticos se están sucediendo este año en América Latina, puedan desarrollar mejor sus defensas y puedan anticiparse a conflictos mayores. Como se notará en este informe, no solo las plataformas han tomado nota de las críticas, sino los medios y la sociedad civil se han organizado para que en un año de importantes procesos electorales, accionen diferentes iniciativas para hacer frente a la desinformación en un escenario en el que cada uno de los actores mencionados es parte fundamental en esta tarea.

En este sentido, la búsqueda de soluciones a un problema que se presenta complejo y que afecta a la sociedad en general, también debería pensarse desde múltiples dimensiones. En este contexto, es claro que no existe una única receta para afrontar este fenómeno. Cada país, su cultura, los hábitos de consumo de contenidos informativos y los niveles de penetración de las tecnologías, son diferentes y tanto el modo en que se desarrolla la proliferación de noticias falsas, como sus posibles soluciones, deben atenderse con sus particularidades.

Alianzas globales y locales para verificar información falsa

En este contexto, y a partir de los acontecimientos registrados en otros países del mundo durante los procesos electorales, en los últimos años se han lanzado diferentes acciones para contrarrestar los efectos de la circulación de noticias fraudulentas. Se crearon alianzas de medios, organizaciones y plataformas tecnológicas con presencia en América Latina con el objetivo de visibilizar y chequear información falsa, errónea o dudosa, distribuida no sólo en redes sociales, sino también publicadas en medios de comunicación. Así nacieron experiencias en las que participaron miembros de IFEX como, Verificado (Cencos y Artículo 19 de México), Comprova (Abraji de Brasil), Colombia Check y Ecuador Chequea (Fundamedios) y actualmente Reverso (Argentina) y Verificado (Cainfo de Uruguay) que están trabajando durante las campañas para las elecciones presidenciales que se desarrollarán entre los meses de octubre y noviembre en ambos países.

Dos casos que despiertan especial interés son los de Costa Rica y Colombia, donde hay iniciativas que parten del propio Estado. En el país centroamericano, además de los proyectos DobleCheck y No Caiga desarrollados por medios y universidades, llamativamente el Gobierno tiene su propia plataforma de verificación de información denominada Gobierno Aclara. Eso sí, señalan que no verifican a medios, periodistas o actores de reconocida trayectoria, sino los contenidos anónimos que circulan en las redes.

En Colombia la estrategia #VerdadElecciones2019 organizada por la Registraduría Electoral y en alianza con medios, universidades y partidos políticos comprometidos en aclarar cuando circule información falsa, combina el uso de tecnología para detectar y monitorear el contenido, con el trabajo de verificación realizado por medios especializados. A esta propuesta también se sumaron las principales empresas tecnológicas (Google, Facebook y Twitter) con el objetivo de mitigar la difusión de la información falsa.

Básicamente estas experiencias permiten aclarar a las audiencias hechos falsos que circulan de forma viral en diferentes canales de Internet con información que pueda afectar el proceso democrático de ser informado, y que como consecuencia, impacte en la ciudadanía en la toma de decisiones durante el proceso electoral.

Es claro que estas alianzas que trabajan en la verificación del discurso público han sido las alternativas más notables y prolíficas en América Latina en torno a la lucha contra la desinformación.

En Argentina, este año también se anunció la acción integral 100 por cierto creada por el miembro de IFEX, Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), Chequeado y la Fundación Thompson en la que trabajarán durante 30 meses con el objetivo de investigar cuál es la situación del fenómeno de la desinformación en este país. Cuál es su impacto en el periodismo profesional, en la forma de informarse de las audiencias y cómo las noticias falsas inciden en la toma de decisiones de la ciudadanía. El proyecto además trabajará en la búsqueda de soluciones interdisciplinarias y progresivas.

A nivel global experiencias como First Draft, que surgió en 2015 como un proyecto enfocado en investigar y educar sobre el fenómeno de la desinformación y cómo neutralizarlo, además de realizar chequeo de información con aliados de diferentes países y tipos de organizaciones. Nació como una alianza de empresas de tecnologías, universidades, medios y periodistas que buscan, especialmente detectar información falsa a través del método de verificación CrossCheck. Años anteriores trabajaron investigando y acompañando los procesos eleccionarios de Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, Brasil y Nigeria, mientras que en 2019 también estarán prestando apoyo a periodistas y organizaciones durante los procesos electorales de Uruguay y Argentina.

The Trust Project (TTP) es otra de las acciones globales, y de enfoque interdisciplinario, más interesantes que se están desarrollando. El proyecto creado en 2017 propone revalorizar la verdad en las noticias a través de estándares de transparencia que ayuden a las audiencias a evaluar fácilmente la calidad y la credibilidad del periodismo. Está conformado por un consorcio de más de 125 medios de todo el mundo, académicos y personalidades vinculadas a sociedad civil que adhieren a una declaración de principios y muestra un sello de confianza (visualizado en la marca TTP) en aquellas notas trabajadas bajo los estándares propuestos por este proyecto.

Las indispensables soluciones tecnológicas

Luego de recibir permanentes críticas a nivel mundial, de asumir enormes pérdidas económicas y verse dañada su credibilidad por los episodios descritos en el affair de Cambdrige Analytica, Facebook está desarrollando diferentes tecnologías para hacer frente a estos desafíos. Días atrás anunció el Deepfake Detection Challenge (DFDC), cuyo esfuerzo en alianza con Microsoft y universidades busca neutralizar el impacto de los videos falsos modificados a través la tecnología de inteligencia artificial. Puntualmente, Facebook está trabajando para crear una biblioteca de gestos de los comúnmente llamados  “deepfakes” para que los investigadores pueden crear nuevas herramientas de detección.

Tiempo atrás Facebook también sumó una función a las publicaciones noticiosas que circulan en su plataforma, cuyo “Botón Contexto” aporta información adicional para que el usuario pueda determinar si es información confiable para compartir.

En tanto Google también ha señalado que de forma permanente ajusta los algoritmos de su buscador con el fin de filtrar de forma adecuada, y cada vez más certera, informaciones disfrazadas de noticias, mientras aumenta y prioriza en el resultado de búsqueda aquellas de contenido relevante y de fuentes confiables. Además del buscador, también se implementaron medidas en YouTube, con el objetivo de visibilizar los videos de fuentes de calidad.

A sabiendas de que en países como Brasil el contenido falso circuló durante la última campaña electoral de manera fluida a través de WhatsApp, a partir de enero de 2019 la plataforma limitó el reenvío de mensajes a sólo cinco por usuario para combatir la proliferación de noticias falsas.

La educación un recurso inagotable y permanente

Desde el enfoque de la educación, se está trabajando en diferentes proyectos y con diversos aliados. En América Latina, las plataformas tecnológicas más importantes, como Google, Facebook, Twitter aportan recursos económicos, tecnológicos y de especialistas para capacitar a diferentes actores sociales impactados por este fenómeno: periodistas, educadores, funcionarios de gobiernos, entre otros. Estas empresas son las que más atención destinan a demostrar que están preocupadas por el impacto de la desinformación y suman esfuerzos para desarrollar entrenamientos sobre chequeo de información, entre otras cosas.

Pero el factor de educación es un aspecto donde el rol de los Estados es fundamental en este escenario de auge desinformativo. En Brasil desde hace seis años en las escuelas públicas se enseña “educación mediática” como una materia más, además de las clásicas historia o matemáticas, que busca enseñar a los alumnos a diferenciar las noticias falsas y a no compartir aquellos contenidos de los que no se conoce su origen.

Pese a que se cree que los jóvenes son los más expuestos a contenido falso por el gran tiempo que permanecen conectados, no son los únicos que deberían recibir capacitación. También los adultos mayores, como señala el periodista francés Robin Andraca, quien asegura por su experiencia desarrollada en la iniciativa CheckNews del diario Libération, que “el problema no está en los millennials, está en sus padres y tus abuelos, que confían a ciegas en toda la información que se difunde disfrazada de noticia.”  

El camino de la educación en diferentes niveles y a todos los grupos etarios es un proceso lento pero de características transformadoras en el largo plazo, especialmente cuando se espera que el fenómeno de la desinformación no cese, sino que mute a nuevos formatos y plataformas. Sería de esperar que este tipo de experiencias, como las que también se llevan a cabo en Europa, se repliquen en todo el ámbito educativo latinoamericano.

Respecto al accionar del Estado, hay quienes esperan que las soluciones para luchar contra la desinformación se aborden desde la perspectiva de la regulación. Sin embargo, la experiencia señala que la intención de regular, con el afán de combatir las noticias falsas, puede generar más riesgos que soluciones y puede atentar contra la libertad de expresión. En este sentido, esta opción siempre parece entrar en conflicto con el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. El informe Desinformación en Internet en contextos electorales de América Latina y el Caribe, mencionado anteriormente da cuenta que las diferentes propuestas legislativas a nivel regional terminan siendo propuestas simplistas y restrictivas del derecho a informar e informarse que no aportan soluciones significativas.

Es posible comprobar que la experiencia y el compromiso multisectorial es imprescindible en el proceso de lucha contra la desinformación. Hay responsabilidades en diferentes actores sociales como son el periodismo y los medios, la sociedad civil, la academia y los investigadores, como así también en las plataformas digitales, los Estados y gobiernos. Y está claro que las soluciones pueden abordarse desde diversos enfoques, ya sean desde el desarrollo tecnológico, la investigación, con procesos informativos como la verificación de noticias; pero muy especialmente desde la educación, mediante la alfabetización digital y la enseñanza del análisis crítico. En este contexto también es cuando se debe revalorizar el periodismo profesional y de calidad, como así también es necesario el reclamo permanente hacia las plataformas digitales para que transparenten sus algoritmos de visualización y priorización de los contenidos ya que los procesos de desarrollo de noticias falsas se van sofisticando y mutando a partir de la llegada de nuevas plataformas y de los cambios de hábito de los usuarios.

El informe de OSI Sofía sobre desinformación también dice que debemos priorizar la educación en alfabetización mediática sobre la regulación, pero advierte que «no es una bala de plata».

Otro artículo de la serie: Guerras de desinformación: de lo estúpido a lo maligno (Cathal Sheerin analiza los efectos de la desinformación en Europa, particularmente en Macedonia y en Ucrania, y también la nocivo permanencia de la información errada)

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